OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO -ODM

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO -ODM
Informe de Seguimiento de la Sociedad Civil Colombiana 2005

NUEVO DESARROLLO PARA SUPERAR LA POBREZA Y LOGRAR LA RE-DISTRIBUCION DEL INGRESO Y LA RIQUEZA

Contenido

I. PRESENTACION

II. LA DECLARACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO Y LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO

III. COLOMBIA PERDIÓ LOS PRIMEROS CINCO AÑOS EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA: BALANCE DE LA SOCIEDAD CIVIL
A. Más pobreza y más hambre son expresiones de la concentración del ingreso y la riqueza
B. El gobierno maquilla las cifras para reducir la pobreza

IV. CONSIDERACIONES FRENTE A LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

A. LAS POLÍTICAS PARA REDUCIR LA POBREZA NO HAN FUNCIONANDO

V. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS


I. PRESENTACION

El presente documento pretende mostrar algunas consideraciones y propuestas desde organizaciones de la sociedad civil, frente al grado de avance y las condiciones necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos de desarrollo del milenio por parte del Estado Colombiano. Hace especial énfasis en el tema de la pobreza, el hambre y la distribución del ingreso y de la riqueza, y su relación son las políticas de desarrollo económico. Presenta algunas consideraciones sobre las políticas adoptadas para dar cumplimiento a la metas y objetivos del milenio, en especial las referidas al Documento del gobierno Conpes 91 de 2005. Finalmente presenta algunas recomendaciones de política pública para avanzar efectivamente en el cumplimiento de dichas metas. Debemos advertir que las organizaciones de sociedad civil no han recibido el Informe del gobierno colombiano que presenta ante las Naciones Unidas, lo cual muestra el escaso interés de diálogo del gobierno del Presidente Álvaro Uribe con amplios sectores de la sociedad civil organizada.

Las organizaciones y plataformas que suscribimos el presente informe hacemos parte de la Campaña “Colombia Sin Pobreza No más excusas 2015”, puesta en marcha desde abril de 2005, con el propósito de divulgar los ODM en la sociedad civil y coadyuvar a que el gobierno nacional y los gobiernos locales puedan adoptar políticas públicas apropiadas para el cumplimiento efectivo de los ODM en Colombia. Reiteramos nuestro compromiso para coadyuvar en la formulación de políticas públicas que contribuyan efectivamente al cumplimiento de las metas del milenio, así como a movilizar a la sociedad civil para lograr su concurso. Nuestro gran compromiso prioritario es por la superación de la miseria y del hambre en Colombia. No más pobreza, no más excusas.

En Colombia se requieren cambios en la política económica, como también cambios y nuevos escenarios de actuación para una política social redistributiva y de inclusión social. Para superar la insuficiencia de ingresos de los pobres e indigentes se requiere de políticas redistributivas de ingresos de los hogares, con énfasis en políticas contra la miseria en el corto plazo (programas de emergencia contra el hambre), a la vez que políticas de crecimiento económico y políticas sociales apropiadas y eficaces en el mediano y largo plazo .

II. La Declaración de los Objetivos del Milenio y la responsabilidad del Estado colombiano

En el seno de las Naciones Unidas, los gobernantes y jefes de gobierno del mundo, inclusive el gobierno colombiano, se comprometieron a movilizar recursos y decisiones de política que aseguren un nivel de vida digno a 1000 millones de personas que se encuentran en situación de pobreza y miseria, muchos de ellos padeciendo hambre. A este llamado se han unido diversos sectores de la sociedad civil, concientes que el mundo posee hoy los recursos, la tecnología y las posibilidades para garantizar el acceso a los bienes y servicios básicos a la población excluida.

Esta Declaración del Milenio, contiene 8 objetivos y 18 metas, además de 48 indicadores para medir los progresos de cada país. El principal compromiso es la reducción de la pobreza, la miseria y el hambre, lo cual significa restablecer derechos fundamentales a la población excluida y marginada económica, social y políticamente por tantas privaciones y carencias. Este compromiso deberá traducirse en políticas públicas favorables a la redistribución del ingreso, de los activos productivos y de la tierra, en mejorar las oportunidades de empleo de calidad, en acceso real a la educación, a la salud de calidad y a tener mecanismos institucionales más participativos y eficaces para que el crecimiento económico y los resultados del desarrollo se distribuyan con mayor equidad entre géneros, entre regiones, grupos sociales, étnias, pueblos indígenas y afrodescendientes. Los ODM ofrecen la oportunidad para repensar el desarrollo, las políticas de crecimiento económico y su relación con el imperativo de la superación de la pobreza y el hambre.

El desarrollo social debe procurar la realización de derechos y libertades de los ciudadanos desde el ideario del desarrollo humano, donde el desarrollo económico tenga como fin la realización de las aspiraciones humanas y los derechos inherentes a la condición humana, teniendo en cuenta la diversidad y la pluralidad. El desarrollo social debe ser garante de los derechos de ciudadanía, mediante políticas públicas participativas que integren la cuestión económica (crecimiento) a la cuestión social (desarrollo social) centrada en el ser humano (derechos y libertades).

En el marco de los compromisos adquiridos, el gobierno colombiano, a través del Departamento Nacional de Planeación, produjo el documento “Metas y Estrategias de Colombia para el Logro de los Objetivos de desarrollo del Milenio- 2015” en el que establece una línea base, define algunas políticas y recursos para la reducción de la pobreza extrema. Este documento expresa la responsabilidad del Estado en sus distintos niveles, gobierno nacional, gobiernos territoriales, además de reconocer la corresponsabilidad del sector empresarial y el aporte de la sociedad civil.

La sociedad civil colombiana y mundial se viene sumando a múltiples esfuerzos e iniciativas para lograr la mayor movilización social, la deliberación pública y la formulación de políticas públicas y planes de desarrollo que se comprometan con el cumplimiento de las metas del milenio. Para ello se aporta en la construcción de un modo de desarrollo que garantice bienestar colectivo, equidad y sostenibilidad de los procesos para superar la pobreza, sobre la base de profundizar la democracia y el logro una paz duradera. De manera que organizaciones no gubernamentales, redes de organizaciones sociales, universidades, organismos de planeación, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres y afrodescendientes, el movimiento sindical, personalidades, entre otros, nos venimos articulando en la Campaña Colombia Sin Pobreza, No más Excusas 2015, con base en estrategias de acción colectiva, incluyendo la perspectiva regional.

Sin duda, Colombia vive una crisis que podría llamarse estructural o sistémica, pues abarca en la práctica todos los ámbitos de la sociedad. Uno de sus principales signos es el fenómeno generalizado de la pobreza, y su manifestación más extrema, la miseria y la exclusión social. Aunque no hay coincidencia en las cifras que manejan diversas entidades públicas ya que su magnitud varía según el método de medición que se escoja, puede decirse que entre la mitad y cerca de dos terceras partes de la población está en condiciones de pobreza, y de ese universo entre un cuarto y una tercera parte vive en la miseria o indigencia. Pero lo fundamental no son las frías cifras estadísticas, pues éstas oscilan, con bastante frecuencia, de acuerdo al ciclo económico y al criterio de medición, lo central para el gobierno colombiano y para el Sistema de las Naciones Unidas es asumir con decisión la adopción de políticas de desarrollo que contribuyan a la superación de la pobreza y la miseria especialmente. Es una situación dramática ante la cual poco se hace con efectividad y apenas se lamenta, sin el debido compromiso de los grupos de poder económico que concentran buena parte de la riqueza y del ingreso nacional.

Frente al balance del cumplimiento de los Objetivos del Milenio en la Asamblea de la Naciones Unidas + 5, luego de cinco años de la Declaración del Milenio, las organizaciones de la sociedad civil nos hemos dado a la tarea de hacer un seguimiento al cumplimiento por parte del Estado y el gobierno colombianos, con base en el análisis de la situación de pobreza y de las políticas vigentes. Para éste seguimiento animamos al Sistema de Naciones Unidas a redoblar esfuerzos por ayudar al Estado y exigirle al gobierno nacional políticas de desarrollo apropiadas que contribuyan al cumplimiento efectivo de los ODM en los próximos 10 años.

I. Colombia perdió los primeros cinco años en la lucha contra la pobreza: un balance necesario

A. Más pobreza y más hambre son expresiones de la concentración del ingreso y la riqueza

Colombia perdió los primeros cinco años desde la Declaración del Milenio (2000), por cuanto no ha logrado reducir ni la pobreza, ni la miseria, sino que por el contrario ambos indicadores evidencian retrocesos y con ellos un deterioro en la calidad de vida de los colombianos y colombianas.

La principal constatación es que si bien Colombia tuvo un crecimiento del PIB positivo entre 2000-2004 (2.9), inclusive en los dos últimos años fue del 4% anual , éste nivel de crecimiento no ha contribuido a la reducción de la pobreza; por el contrario, la población se empobreció durante la última década, a la vez que se amplió la brecha en la distribución del ingreso.

La pobreza, medida por la Línea de Pobreza, es una tragedia diaria para millones de hogares. Si se toman las cifras más críticas, hoy puede haber entre 6 y 7 millones de hogares que viven en la pobreza, de los cuales entre 2 millones y casi 2,5 millones de hogares sufren la miseria o indigencia. Esto significa que entre 24 millones y casi 29 millones de personas están en la pobreza, de las cuales entre 8 y casi 10 millones de personas viven en la indigencia o miseria . Es decir, entre el 55% y cerca del 70% de la población sigue siendo pobre o se ha empobrecido (aproximadamente 3,5 personas de cada cinco). Esta situación es persistente durante el período 2001-2004, con base en la Encuesta Continua de Hogares del DANE (cuadro 1).

Según el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, entre 1997 y 2003, la pobreza aumentó 11 puntos, pasando del 55% al 66%. Este dato es escandaloso por lo menos en dos sentidos. Primero, muestra que la pobreza no cede ni siquiera cuando el PIB per cápita llega a su punto máximo, dado que nuestro modelo de crecimiento es claramente excluyente. Y segundo, los resultados de la Encuesta de Calida de Vida -ECV son preocupantes porque la pobreza, que es muy sensible a la caída del producto, no reacciona con la misma celeridad cuando el producto aumenta. Un modelo de crecimiento que genera empleo precario, que mantiene las características excluyentes, y que no modifica la estructura de distribución de la riqueza, no puede mejorar la calidad de vida de la población .

“Uno de los grupos de población más afectados en Colombia por la inequidad es el de las mujeres. No obstante el avance hacia la equidad entre mujeres y hombres -perceptible en la última década- que se expresa en el Índice de Desarrollo Relativo al Género 1999-2001, las cifras registran fenómenos como la feminización de la pobreza: el más pobre de todos los sectores está conformado por mujeres, en especial por jefas de hogar” .

Los datos dan cuenta de la condición estructural y sistémica de la pobreza y la miseria, así como de la concentración del ingreso como una de sus causas determinantes.

El único resultado importante en la lucha contra la pobreza ha sido la mejora de las Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI, considerando los indicadores de acceso a la educación y a los servicios públicos. En efecto aumentó la cobertura escolar y se ampliaron los años de educación obligatoria. Al mismo tiempo, se fortalecieron los programas de acueducto y alcantarillado y se redujo el hacinamiento. Estos logros se reflejan muy bien en el indicador NBI y en el Índice de Calidad de Vida (ICV). A nivel nacional, entre 1997 y 2003, la pobreza por NBI se redujo del 37% al 21% . Y el puntaje de calidad de vida mejoró, pasando de 74,7 a 77,4 (el máximo es 100). El NBI y el ICV son mucho menos sensibles a la dinámica de los ingresos que la línea de pobreza (LP). Son medidas que captan las tendencias de mediano plazo de variables más estructurales (vivienda, acueducto, alcantarillado, educación, etc.). La pobreza por LP aumentó (del 55% al 66%) porque el indicador es muy sensible al ciclo económico y a la dinámica del empleo e ingresos (CID, 2004).

Por su parte, el Informe de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo 2004 , muestran las siguientes tendencias sobre la situación de pobreza y de concentración del ingreso:

• La cuadruple crisis rural –guerra, pobreza, recesión e importación masiva de alimentos- ha intensificado la migración hacia las ciudades durante las últimas dos décadas. El desplazamiento causado por la violencia deja un saldo de 3,5 millones de personas hasta el año 2004. La población urbana crece a un ritmo anual de 2,45% anual; la tasa rural a 0,51%. Actualmente, 73,3% de la población habita en las cabeceras municipales. Por tanto, la pobreza y la miseria (indigencia) en términos absolutos y relativos es un fenómeno creciente y mayoritariamente urbano.
• La incidencia de la pobreza en 2001 era 74,6%, crece en 2002 a 77,9% (administración del Presidente Pastrana), baja en 2003 a 76,8% y en 2004 aumenta nuevamente a 77,3% (administración del Presidente Uribe) .
• En este período el número de personas que no puede costearse su alimentación básica creció en 13,7%.. La incidencia de la miseria, en relación con la población total, creció entre 2001-2002 de 40,7% a 43,4% (administración Presidente Pastrana); subió a 44,5% en 2003 y nuevamente se estableció en 43,4% durante el primer trimestre de 2004 (administración del Presidente Uribe) .
• De manera que el crecimiento más acelerado de los indigentes (subconjunto de los pobres) significa que la clase media y los pobres se vienen haciendo más pobres. No obstante, la disminución del desempleo y los programas asistenciales dirigidos a la población más pobre logra quebrar ligeramente en 2004 la tendencia al aumento de la indigencia que se registró durante 2001-2003.
• En consecuencia, la insuficiencia del ingreso de los pobres respecto al valor de la canasta de consumo básico pasó de 59,8% a 61,1% entre 2001 y 2004. La insuficiencia del ingreso de los indigentes respecto al valor de la canasta alimentaria igualmente aumentó de 43,4% a 44,1%. Las brechas de pobreza e indigencia vienen aumentando, por tanto las condiciones de vida de pobres e indigentes se han deteriorado aun más.

B. Aumenta la concentración del ingreso y de la tierra

La concentración del ingreso es la otra cara de la pobreza. El índice de concentración en Colombia es de los más altos en América Latina. El alto nivel de la desigualdad es tanto a nivel de perceptores de ingresos como de hogares (en promedio, los pobres tienen más hijos). A nivel nacional, el índice que mide la concentración del ingreso (Gini) de los hogares aumenta de 0,524 (el rango del indicador va de cero a uno, entre más cercano a uno mayor es la concentración) a 0,545 entre los años 2001 y 2002 (administración Pastrana); entre 2003 y 2004 mejora levemente la desigualdad al registrar unos índices de 0,518 y 0,516 respectivamente. En los años 2003-2004 mejora levemente la distribución, producto del empobrecimiento de la clase media, el crecimiento del empleo (de baja calidad) y la focalización del gasto social en los sectores indigentes. En la zona rural el grado de iniquidad es mayor respecto a la situación urbana. En 2004 el índice que mide la desigualdad entre los hogares es de 0,495 en las cabeceras municipales y de 0,532 en el resto de áreas.

Otros estudios reconocen que “la desigualdad en la distribución de ingresos afecta negativamente el desarrollo humano. En los últimos años, el índice de Gini ha aumentado en el país pasando de 0,544 en 1996, a 0,563 en 2003. Cuando se realiza la corrección por distribución de ingresos, el IDH se reduce en cerca de 13 puntos, es decir, un retroceso de más de 15 años.3 El Desarrollo Humano aumentaría alrededor de 2% por año, si la desigualdad se disminuyera en un 10%”.


si bien es decisiva la redistribución del ingreso para superar la pobreza, es necesario a la vez que se aumente el ingreso promedio de los colombianos, principalmente de quienes padecen la pobreza y la indigencia. Según la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, el ingreso promedio de los colombianos es 2,5 veces superior al valor de la canasta básica alimentaria. En teoría, en el país nadie debería padecer hambre o sufrir desnutrición. La relación entre el ingreso promedio de los no pobres y el ingreso promedio de los pobres es 6,2 veces; respecto a los indigentes es 11,6 veces. La desigualdad aumentó significativamente durante 2002, cuando la primera relación aumentó a 7,1 y la segunda a 13,6 veces.

El efecto simultáneo entre el crecimiento de la pobreza y la indigencia, de una parte, y la ampliación en la brecha entre el ingreso de los pobres e indigentes respecto a los valores de las líneas de pobreza e indigencia, de otra, durante los años 2001-2004, implica un aumento en la intensidad de la pobreza y la indigencia. La intensidad de la pobreza equivale a la relación entre el número de pobres e indigentes respecto a la población total, multiplicada por el nivel de insuficiencia. En este período la intensidad de la pobreza aumentó de 44,6% a 47,2% y la intensidad de la indigencia de 17,7% a 19,1%.

En 2004 la insuficiencia en el ingreso de los pobres respecto al ingreso total de la población es 54,1%; en la situación de indigencia 8,2%. En consecuencia, sin políticas redistributivas el ingreso de los hogares colombianos debe aumentar en estas proporciones para lograr superar el malestar social de la pobreza y la miseria. Respecto al ingreso promedio de los no pobres, la insuficiencia de los pobres e indigentes equivale, en 2004, a 82,5% y 9,2%, respectivamente. Superar la pobreza requiere de una temporalidad mayor e implica combinar la redistribución con crecimiento económico y políticas sociales eficaces, por tanto, una política redistributiva para superar la situación de indigencia es más factible en el corto plazo.

Por otro medio también se comprueba que los hogares, en este caso de los trabajadores asalariados, no son en Colombia el factor dinamizador de la demanda efectiva sobre el cual pueda confiarse, como si ocurre en otros países. Con una mirada retrospectiva que va más atrás de la década de los noventa, el valor agregado mantiene desde los años setenta una proporción de la producción bruta nacional que ha oscilado alrededor del 60%, cuando en condiciones normales debería ser creciente por cambios en las condiciones técnicas de la producción. Al mismo tiempo, la remuneración a los asalariados, incluidas las prestaciones sociales, se ha mantenido alrededor del 40% del valor agregado, con tendencia a disminuir, correspondiendo al excedente (rentas de los capitalistas, ingresos mixtos e impuestos sobre los productos menos subvenciones) el restante 60% ó más, cuando esta distribución debería ser a la inversa. En consecuencia, la remuneración total a los asalariados, como proporción de la producción nacional, ha pasado de casi el 24% a principios de los años setenta a más del 26% a mediados de los ochenta y cayó a un poco menos del 22% para la segunda parte de los noventa y el 2001. Es decir, la remuneración a los asalariados ya representa menos de la cuarta parte del producto.

Aunque en Colombia no se cuenta con información regular que permita conocer lo que ha sucedido con la desigualdad de la riqueza (ingreso, activos, tierras, acciones, etc.), hay claros indicios de que la distribución de la riqueza ha empeorado (CID, 2004). El Gini en acciones supera en la mayoría de las grandes empresas el 0,9, lo que muestra altísima concentración, y los activos controlados por diez grandes grupos económicos equivalen al 50% del PIB.

Por su parte, el proceso de concentración de la tierra va en contra de los principios más elementales de las sociedades liberales (CID, 2004). En la propiedad de la tierra rural también se encuentra una alta concentración; de acuerdo con datos citados por el Rector de la Universidad Autónoma de Colombia, Carlos Ossa Escobar, para el año 2000 las propiedades con menos de 5 hectáreas tenían 2,5 millones de hectáreas y pertenecían a 2,6 millones de propietarios, mientras que las propiedades de más de 500 hectáreas tenían un área total de 13,4 millones de hectáreas pero pertenecían a sólo un poco más de 13.000 propietarios. Esto significa que la pequeñas propiedades tienen menos de una hectárea en promedio, mientras las grandes exceden de mil hectáreas; es decir, las grandes tienen mil veces más tierra que las pequeñas. Según otro estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC- y la Corporación de Investigación Agropecuaria –Corpoica-, los grandes propietarios, apenas un poco más de 15.000 personas, poseen 47,1 millones de hectáreas, mientras los pequeños propietarios, más de 3,5 millones de personas, tienen 18,6 millones de hectáreas. Si bien la relación es más baja que en el dato de Ossa Escobar, las propiedades grandes tienen, en promedio, 582 veces más tierra que las propiedades pequeñas, lo que sigue siendo muestra de una alta concentración. Esta mala distribución de la tierra ha empeorado por las compras de los narcotraficantes. “Tal es el caso de la región Caribe (Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar), el Magdalena Medio y la Orinoquía. Allí el paramilitarismo actúa para proteger los privilegios del latifundio” .

C. Crece la brecha de ingresos entre mujeres y hombres

El nivel de incidencia de la pobreza y la indigencia es ligeramente más alto en las mujeres respecto a los hombres, durante los años 2001 a 2004. En estos años, la incidencia de la pobreza dentro de las mujeres crece sostenidamente de 75,1% a 78,1%; la incidencia de la indigencia de 41,3% a 43,6%. En los hombres la incidencia de la pobreza es de 74% en 2001 y de 76,5% en 2004; la indigencia de 40,1% y 43,1%. Durante este período, la incidencia de la pobreza en las mujeres se agudiza más rápidamente respecto a la situación que registran los hombres (3 puntos aumenta en las primeras y 2,5 puntos en los segundos); al contrario, la situación se invierte con relación a la incidencia de la indigencia, ésta aumenta con mayor rapidez en los hombres respecto a las mujeres (3 puntos contra 2,5), debido a la ruptura de los hogares que genera el malestar social y los mayores inconvenientes culturales y económicos que enfrentan los hombres en la generación de ingresos.

La brecha entre el ingreso de las mujeres respecto al de los hombres se amplía durante 2001-2004. La relación entre el ingreso promedio de las mujeres respecto al ingreso promedio de los hombres mejoró entre los años 2001-2003, al pasar de 71,7% en 2001 a 76,1% en 2002 y 80,8% en 2003. En 2004 vuelve a empeorar al caer la relación a 69,7% respectivamente. La remuneración notablemente inferior de las mujeres respecto a la de los hombres es consecuencia de una triple disparidad: se concentran en trabajos de menor cualificación, presentan una mayor inserción en el sector informal y son sujetas de una discriminación hacia la mujer trabajadora. El modelo económico vigente, por lo demás, genera mayor demanda de empleo hacia las mujeres, pero bajo condiciones precarias e inestables.

La desigualdad en la distribución del ingreso entre las mujeres perceptoras es menor respecto al que registran los hombres. En las primeras el índice de desigualdad –Gini- registra un valor de 0,498 en 2004; en los segundos 0,525. Teniendo en cuenta los niveles de pobreza similar entre hombres y mujeres, la mayor desigualdad entre los hombres se explica por los ingresos significativamente superiores en los estratos socioeconómicos altos.

La mayor equidad entre las mujeres se da por lo bajo, esto es, por una situación estructural de menores ingresos devengados. Este panorama significa que, pese a las conquista de los derechos de las mujeres, éstas coexisten con diversas formas de discriminación, por esto se requiere asegurar la transversalidad de la perspectiva de género en el seguimiento a todas las metas planteadas en los ODM, retomando los compromisos internacionales previos adquiridos por el Estado Colombiano en materia de superación de la discriminación contra las mujeres (Beijing, Cairo y Copenhague)


D. Las regiones son más pobres

En Colombia se observan grandes diferencias entre las diversas regiones (departamentos y municipios). Los frutos del desarrollo tienden a concentrarse en cinco grandes ciudades. La pobreza y la indigencia afectan de manera diferencial a la población, según la región del país donde se ubica. Entre 1997 y 2000 la pobreza, medida por NBI, disminuyó en 16 departamentos y la indigencia en 18. Sin embargo, la medición de la pobreza por ingresos, muestra un crecimiento significativo en 21 departamentos y la indigencia en 5. Por ambas medidas la exclusión de la población se agrava en Chocó, Nariño, Caquetá, Valle, Risaralda, Cundinamarca, Santander y Atlántico.

En la Ciudad de Cartagena, 428.861 personas están por debajo de la línea de pobreza y el 45% en la miseria. La desnutrición proteino/cálorica genera 6,1% de las muertes, es decir, el hambre es la quinta causa de las muertes en Cartagena . Por NBI la Región del Caribe Colombiano registra el 33,4% de los hogares en condición de pobreza y el 13% en miseria, la más alta del país en el 2003, seguida por la Región Oriental, Antioquia y la Región del Pacífico. Mientras que la pobreza por insuficiencia de ingresos – Línea de Pobreza- se elevó al 69,7% de los hogares y al 33,8% en condición de pobreza extrema entre 1997 y 2003, seguida por la Región del Pacífico (69,2%), Antioquia (69%) y Región Central (68,7%), según el Observatorio del Caribe .

En la población más pobre aún persisten altas tasas de analfabetismo tasa de analfabetismo del decil más pobre de la población (18.4%) es comparable con la del Congo (puesto 144 en el mundo), mientras que la tasa de analfabetismo del 10% más rico (1.1%) es comparable con la de Italia (puesto 21 en el mundo)5. Igualmente, la tasa de analfabetismo rural (16%) es cuatro veces superior a la urbana, reconoce el Gobierno en el Documento CONPES 91 .

E. El gobierno maquilla las cifras para reducir la pobreza

Resulta crucial para la formulación de las metas de reducción de la pobreza y la miseria saber cuántos son los pobres. Sin embargo, en Colombia no hay un consenso, ni en el mismo gobierno, ni entre las entidades del Estado, ni en la academia, sobre las cifras ciertas de cuántos son los pobres. El gobierno pretende maquillar las cifras. La cifra varía según la metodología utilizada para calcular la línea de pobreza y el número de pobres en Colombia, pero también de la intencionalidad del Gobierno en mostrar menos pobres de lo que son. En lo fundamental, existe una gran desconfianza en la opinión pública, en las organizaciones sociales y en sectores de la academia, acerca de las cifras y las mediciones que presenta el gobierno nacional. La impresión generalizada es que el gobierno pretende mostrar logros en este objetivo sólo por ejercicios estadísticos estilizados que maquillan las cifras de la pobreza, cuando en la realidad y en la percepción de la población, la mayoría de la gente es pobre y se viene empobrecido dramáticamente. En el último informe del Gobierno Nacional al Congreso de la República 2005, se sostiene que “de acuerdo a la información disponible, los indicadores de pobreza e indigencia registran el nivel más bajo de los últimos 7 años. Según el gobierno entre 2002 y 2004, la línea de pobreza se redujo 5,17 puntos porcentuales, con lo cual 1,4 millones de personas dejaron de ser pobres. A su vez la línea de indigencia disminuyó 4,3 puntos porcentuales, con lo cual 1,5 millones de personas han superado esta condición” ; no obstante que el DANE haya informado que la pobreza subió en el 2003 al 66,3% de la población con base en la Encuesta de Calidad de Vida -ECV.

El comportamiento de la economía durante los últimos años no justifica, en verdad, una «mirada» optimista tal como la muestra el gobierno. Como dice el profesor Álvaro Montenegro, de la Universidad Javeriana, en el “país se ha producido un deterioro en la distribución de ingreso y no se ha dado un crecimiento sostenido de la economía que compense la recesión de finales de la década pasada. No se puede creer que la pobreza haya caído diez puntos en esas condiciones”.

En abril de 2004 el Departamento Administrativo de Estadística –DANE-- informó, al presentar la encuesta Pobreza y calidad de vida en Colombia, que los hogares por debajo de la LP aumentaron del 50% en 1980, al 55% en 1997 y al 66% en 2003. “Es decir, 29 de los 44 millones de colombianos no tienen ingresos suficientes para comprar alimentos, pagar servicios públicos y acceder a la salud y la educación”.

Por su parte la Contraloría General de la República , encuentra que “los avances que Colombia había logrado en la lucha contra la pobreza por ingresos en la década de los noventa se revirtieron a partir de 1997. El porcentaje de personas por debajo de la LP pasó de 53.8% en 1991 a 50.3% en 1997, pero este resultado pierde su trayectoria decreciente y alcanza el 59.8% en el 2000, lo cual representa un aumento de 10 puntos porcentuales en tres años. En 2003 a pesar de la leve recuperación que el producto nacional ha tenido en los últimos años, la pobreza se ubica en el 64.2%” (subrayado muestro).

Con base en la ECV disponibles para los años 1997 y 2003, la tendencia muestra que con cualquiera de las mediciones, la pobreza aumentó entre los años 1997 y 2003, fiel reflejo del deterioro en el bien-estar de los colombianos . (CID, 2004)

Los asuntos de fondo son si hay o no cambio en la tendencia de la pobreza y sobre las medidas de políticas para reducirla. Se requiere, por lo tanto, lograr un consenso nacional sobre cual debe ser la medida más apropiada y aceptada socialmente para establecer entonces la línea base sobre la cual el gobierno colombiano se comprometa ante el país y ante la comunidad internacional a cumplir con los objetivos y metas del milenio. En todo caso, cualesquiera sea la cifra de pobreza, para gran parte de la sociedad colombiana es inaceptable que entre la mitad y tres cuartos de la población de nuestro país sobrevivan en condiciones de pobreza, muchos de ellos padeciendo hambre, exclusiones y marginalidades aberrantes de todo tipo.

En la discusión sobre la pobreza falta la pregunta clave: ¿Por qué tenemos tan alto nivel de pobreza y miseria? Y la respuesta que pocos se atreven reconocer con firmeza es: tenemos una altísima concentración del ingreso, producto a su vez, entre otras causas, de una alta concentración de la propiedad, que hace que millones de hogares carezcan del ingreso suficiente para adquirir los bienes y servicios que necesitan para un modesto vivir .

II. Consideraciones frente a la política económica, social y laboral
A. Las políticas para reducir la pobreza no han funcionando

Por lo menos tres políticas deben tener fuerte impacto en la reducción de la pobreza y la miseria: i) la política de crecimiento y desarrollo económico; ii) la política social de gasto público y subsidios, y iii) la política re-distributiva de ingresos y activos. En Colombia se constata que a pesar del crecimiento económico positivo en los últimos cinco años, del mayor comercio (exportaciones + importaciones) y del crecimiento de la inversión privada en los últimos dos años y del incremento del gasto social, la población sigue siendo pobre, se ha empobrecido, el desempleo sigue siendo muy alto, la precariedad del empleo es indigna y la distribución del ingreso sigue deteriorándose. De manera que las políticas de crecimiento económico, las de ajuste estructural y las políticas sociales no han contribuido a disminuir la pobreza estructural.

Se hicieron las reformas económicas y hubo desastre. El crecimiento no pudo recuperarse de manera sostenible, la violencia se escaló, la desigualdad y la pobreza aumentaron, y el cambio estructural se reversó. Ello quiere decir que las reformas estructurales fracasaron. A pesar de que el objetivo que se trazaron era limitado, los reformadores consideraron que si se realizaban dichos cambios, el crecimiento y la productividad se recuperarían de manera sostenida. En palabras de Stiglitz (2003): “Una estrategia de reforma que prometió crear una prosperidad sin precedentes ha fracasado de una manera casi sin precedentes” (CID, 2004).

El Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 se basa en “la confianza casi absoluta en que el mercado podrá resolver automáticamente los problemas del desarrollo y del crecimiento una vez queden aseguradas unas condiciones de estabilidad macroeconómica” . De manera que la política social adquiere un carácter compensatorio y una dimensión de corto plazo. Además de estar subordinada a los programas de ajuste y estabilización; es limitada porque sólo se enfoca a los servicios sociales básicos y no tiene en cuenta políticas conjuntas y proactivas en materia de empleo, precios, ingreso e impuestos (Idem).

De igual forma en el documento del Gobierno “Visión Colombia II Centenario 2019” donde se elabora una caracterización de la situación de Colombia y se plantea una visión y unos objetivos de largo plazo hacia el año 2019, con ocasión de la II centenario de la Independencia. El objetivo de “una sociedad más igualitaria y solidaria” plantea que Colombia en 2019 deberá haber logrado una drástica reducción de la pobreza y un avance decisivo en términos de equidad. Este objetivo pretende una sociedad más igualitaria no sólo en términos de distribución del ingreso y los activos que los individuos obtienen por su trabajo, sino de los bienes y servicios públicos que ellos utilizan o deberían utilizar en su tiempo libre, como el espacio público. Sin embargo, la estrategia para ello se reduce a la ampliación de coberturas y accesos a la educación y a la salud para disminuir brechas sociales, lo cual resulta muy insuficiente frente a la mayúscula exclusión y marginalidad social. La reducción de la pobreza está asociada a una entelequia metodológica donde incorpora los subsidios como parte de los ingresos de la población (índice de pobreza medio con subsidio) , con lo cual los logros en la superación de la pobreza se basan en un artificio matemático.

Todo esto ha llevado a que se afecte el mercado interno, ya que, el “mercado interno ha dejado de ser fuente de crecimiento, no por cuenta de la fatalidad, o de factores exógenos, sino por una cadena de heridas auto-infligidas. Sin un continuo esfuerzo interno de ahorro, de aprovechamiento de las potencialidades del mercado interno y de consolidación de unas instituciones enfocadas al combate a la pobreza y la desigualdad, las estrategias pro-exportadoras están condenadas a fallar. Es falsa la disyuntiva entre mercado interior y mercados externos. (…) La mayor apertura comercial es buena, sólo si las fuentes internas de riqueza están bien usadas contra la miseria y la desigualdad. La experiencia histórica es abrumadora”. En similar sentido se pronuncia otro analista, quien enfatiza que la “inequidad y la mala distribución del ingreso son un obstáculo para el crecimiento económico, porque no permiten el desarrollo del mercado interno y cortan una importante fuente de expansión de la demanda; porque limitan las posibilidades de capacitación de los pobres, perpetuando la desigualdad de oportunidades, pero también restringen el aumento de la productividad; porque producen tensiones sociales que propician la violencia y la inseguridad que espantan a los inversionistas”.

Con la crisis y la lenta recuperación posterior, los indicadores sociales se deterioraron y la pobreza creció hasta los niveles reseñados. Ese deterioro no se recupera en un solo año con un débil crecimiento del PIB, un incremento de las ocupaciones precarias y el subempleo, así como los mayores compromisos presupuestales para cubrir el servicio de la deuda y los gastos militares. Además de las intenciones gubernamentales por mejorar los resultados, queda claro que la pobreza no se reduce con artificios estadísticos (CID, 2004).

B. Política laboral actual no mejora los salarios

Por su parte, la política laboral flexibilizadora aplicada por el gobierno ha precarizado el ingreso de los trabajadores, en virtud de lo cual el 55% de la población recibió ingresos equivalentes a 1/2 salario mínimo legal y el ingreso del sector informal fue del 60 a 77% inferior al del sector formal (OIT). Se observa, por lo tanto, un des-ahorro progresivo que afecta la calidad de vida de sectores medios y populares, así como las posibilidades de inversión. Al comienzo de la década el desempleo era inferior al 8%, luego llegó al 20.5 % en 2000 y actualmente se mantiene alrededor del 14%, siendo alta la tasa de desempleo para los deciles más pobres de la población (entre el 20 y 30%). Durante el período se perdieron 900.000 contratos en el sector formal de la economía, que actualmente genera solo el 24.6% del empleo. El empleo informal urbano pasa de 53% entre 1993-96 al 60% en 2003, lo cual significa una precarización de la calidad del empleo, además de las expresiones de inestabilidad laboral, de desvinculación de la seguridad social, del incremento de la movilidad laboral, aumento del trabajo de mujeres, jóvenes y niñ@s.

Es importante resaltar que el tema del empleo es considerado un aspecto clave para que las mujeres logren niveles importantes de mejoramiento de las condiciones de vida y debe incluir políticas de empleo con perspectiva de género; así como, medidas para erradicar la discriminación en la esfera del empleo y el trabajo, la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación y la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos, condiciones básicas para superar la discriminación de género y la pobreza, . En este objetivo, la participación de las mujeres en el mercado laboral está enfocada en lograr la equidad salarial y en la calidad del empleo. Este tema será desarrollado, según el documento CONPES, a través de mecanismos efectivos para la recepción y trámite efectivo de denuncias sobre discriminación salarial contra las mujeres, así como con la inclusión de la perspectiva de género en el Observatorio de Mercado Laboral. Estos aspectos pueden hacer aportes para incluir a las mujeres en la evaluación de políticas públicas. Sin embargo, estas metas se enfrentan con problemas estructurales del país, como los altos niveles de desempleo que siguen afectando mayoritariamente a las mujeres (7,1% más mujeres desempleadas que hombres para el 2004). Así mismo, las últimas reformas laborales y pensionales promovidas por el actual gobierno, que si bien afectan a toda la población, en el caso de las mujeres tienen efectos particulares, por ejemplo, la última reforma laboral (Ley 789/02) ha significado la intensificación de su jornada laboral que llega en promedio a 16 horas diarias, incluyendo el trabajo doméstico no remunerado y las actividades complementarias en la informalidad que están realizando para incrementar sus ingresos, así como la disminución de gasto en servicios básicos como vivienda, salud y educación, así como otros gastos como recreación, ahorros y cuidado personal.

El deterioro laboral se asocia con la ausencia de políticas activas de empleo, el condicionamiento de las políticas sociales a exigencias de políticas macroeconómicas orientadas por la maximización de la ganancia y la competitividad en los mercados externos; desestímulo a la industria y la agricultura; baja productividad de los sectores intensivos en mano de obra; incremento de capitales especulativos; debilidad institucional y poca transparencia en el uso de los recursos públicos; caída de los precios de algunos productos básicos de exportación; proteccionismos y baja del precios del dólar; insuficiente capacitación y dificultad para acceder a tecnología. La Contraloría General de la República hace énfasis en errores de la política económica, liberalización de las cuentas de capitales y financieros, privatización desordenada de los la activos públicos. Otros indicadores registran un deterioro de las condiciones de vida para los pobres en contraste con la mayor concentración a favor de los ricos.

• Las excepciones al impuesto de renta superan el 40% para ingresos mayores de 20 salarios mínimos legales. En tanto que para salarios inferiores a 6 salarios mínimos mensuales las excepciones son del 15%.
• La tributación en el sector rural es de 2.4 por 1000 hectáreas, cuando a nivel internacional se acerca al 14 x 1000
• Los declarantes de salario aportan $ 2.40 por cada $100 de patrimonio, en tanto que los receptores de utilidades de capital aportan $0.60 por cada $100 de activos declarados.
• Los impuestos directos pasan de 4.3% del PIB en 2000 a 5.6% en 2003, mientras que los impuestos indirectos en el mismo período pasan del 4.4% al 8.3%. Estos últimos tienen un impacto recesivo sobre la canasta familiar de los sectores medios y populares .
• Ganancias del sector financiero y concentración del crédito: En 2005, los 2000 mayores deudores acceden al 75% del crédito comercial y las ganancias del sector financiero superan los $3 billones.
• Construcción de vivienda: En 2003 aumenta 83% en estratos sociales más altos (4, 5 y 6); mientras que en los estratos sociales más bajos (1, 2 y 3) la construcción de Vivienda de Interés Social apenas aumenta el 6% en el mismo periodo.

En suma, la pobreza es causada principalmente por los bajos ingresos reales de los trabajadores y de los hogares, el bajo nivel educativo de la fuerza de trabajo, la falta de puestos de trabajo, la precariedad e inestabilidad del empleo, la ampliación e intensificación de la explotación del trabajo, los altos impuestos que cobra el Estado a los bienes de consumo, el ritmo acelerado en la elevación de los precios de los bienes y servicios básicos de la canasta familiar y la concentración del ingreso, de la riqueza y los activos productivos.

C. La política social sigue siendo asistencial

Para el gobierno nacional, el enfoque sobre el cual se basa la reducción de la pobreza es el “manejo social del riesgo”, el cual supone que “la forma más eficiente de prevenir, enfrentar y superar los choques que afectan las condiciones de vida de los ciudadanos es el Manejo Social del Riesgo”, focalizando la intervención pública en la población más pobres mediante programas de asistencia social, previa identificación de quienes son los más pobres. Es decir, que las principales políticas y programas para atacar la pobreza se centran en un criterio asistencial y focalizado, sin atender de manera universal y distributiva el problema de la riqueza, el ingreso y las oportunidades para la gente. Las políticas de crecimiento y de desarrollo económico de carácter distributivas no son la preocupación central del gobierno, en el sentido de introducir modificaciones a las políticas de desarrollo económico y social, ni al manejo de la política de endeudamiento que transfiere recursos públicos al sector privado, ni en la política tributaria para hacerla más progresiva y equitativa.

Por lo tanto no puede esperarse una reducción sustancial de la pobreza, y la eventual erradicación de la miseria, sólo sobre la base de mayor gasto público social, traducido en crecientes subsidios para los pobres e indigentes. La historia comprueba que esta modalidad estimula más bien un tipo de «pobrería», de cultura de la pobreza, que busca el camino fácil de los subsidios estatales para sobrevivir, aumentando de manera indefinida la carga sobre el erario público. Por esta vía puede llegarse a un crecimiento exagerado del Estado asistencialista, sin que disminuya la pobreza y miseria aparente, lo que no niega la necesidad de contar con una solidaridad social eficaz y sostenible. Debe haber un compromiso social para que la mejoría del ingreso disponible de los hogares pobres no dependa de los subsidios, sino de la remuneración al trabajo y otras formas dignas de ingreso.

En el caso de Colombia, para atender las necesidades sociales que la Constitución y las leyes han definido como prioritarias se ha creado un intrincado sistema de transferencias del gobierno nacional hacia los gobiernos departamentales, distritales y municipales, así como otras dependencias, para que con tales recursos se suministren bienes y servicios específicos por debajo de su precio de mercado o se entreguen con un subsidio que permita completar el precio de mercado, para lo cual los merecedores de esta solidaridad social deben estar incorporados a un sistema de identificación de beneficiarios de subsidios, llamado en Colombia SISBEN. Durante la década de los noventa creció de manera apreciable el gasto público social sin que disminuyese la pobreza por ingresos, aunque si lo hizo medida por necesidades básicas insatisfechas, en donde es más evidente el efecto del gasto estatal. Entre 1990 y 2004 el gasto público social como proporción del PIB aumentó del 3,7% al 8,1% .

Las políticas sociales buscan la mayor focalización hacia los pobres según el criterio de la eficiencia del gasto para tener mayor impacto en la población más pobre desde la perspectiva asistencialista. Pero si esta política asistencial no se modifica hacia una perspectiva más universalista de garantía y restitución de derechos, combinada con políticas de desarrollo redistributivas del ingreso y los activos, difícilmente se podrá reducir la pobreza al 2015, como tampoco al 2019 como lo ha proyectado el gobierno.

El gasto social compensa, en parte, los efectos del modo de desarrollo colombiano que genera exclusión y polarización, pero sin resolver los problemas estructurales de pobreza e inequidad. Los períodos en los cuales aumenta el gasto social unido al crecimiento de la economía y la generación de empleo, la pobreza por ingresos muestra leves mejoras. No obstante, el gasto social es una variable de ajuste, residual y prociclica dependiente del ciclo económico, las disponibilidades presupuestales y la prioridad otorgada a las políticas públicas hegemónicas.

El documento del Consejo de Política Económica y Social – CONPES No. 91 de 2005, adoptado por el Gobierno, donde se consagran las metas a cumplir al 2015 por parte del Gobierno Nacional, así como las estrategias y acciones a seguir, resultan insuficientes y muy limitadas según los desafíos que tiene el Estado para avanzar más rápidamente en la superación de la pobreza y del hambre, en lograr una mayor cobertura educativa de calidad, en salud pública y agua potable, en mayor equidad entre géneros. Las metas y las fuentes de financiación fueron proyectadas bajo el supuesto de un crecimiento anual de la economía del 4%, en los años 2005 y 2006 y luego del 6 % anual a partir de 2007, por lo que la programación de las fuentes de financiación y el cumplimiento de los ODM estarían sujeta a dicho comportamiento (Conpes 91). Sin embargo, bajo la actual combinación de políticas económicas y sociales resulta poco probable que se logren cumplir dichas metas, como tampoco se logre un crecimiento económico sostenido que reduzca la pobreza y la miseria.

La situación no da espera al 2019, ni al 2015. El Estado y el gobierno deben hacer mayores esfuerzos e inversiones, así como cambios sustantivos en las políticas económicas, sociales y laborales, para cumplir con los objetivos y metas de desarrollo del milenio. Las políticas y acciones del gobierno nacional deberán apalancar los esfuerzos de los gobiernos departamentales y municipales mediante las transferencias las cuales se deben complementar y articular en materia de inversión social y de desarrollo humano.

VIII. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS

A. Se requiere un nuevo desarrollo humano y re-distributivo

El enfoque propuesto por Naciones Unidas sobre desarrollo humano, “tiene que ver con el uso de las capacidades, ya sea en el trabajo, el descanso o las actividades políticas y culturales. Y si la escala del desarrollo humano no logra equilibrar la formación y utilización de las capacidades humanas, una buena parte del potencial de los individuos se verá frustrada. (…) La libertad es primordial para el desarrollo humano. Los individuos deben ser libres de ejercer sus opciones en mercados viables y debe dárseles la oportunidad de expresar sus opiniones para configurar su propia estructura política”. Un desarrollo que integre el cúmulo de experiencias humanas de autorealización, de proyectos de vida (individuales y comunitarios) y de realización de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales ue hacen posible la ciudadanía activa.

De manera que el desarrollo económico y desarrollo social son partes de un mismo cuerpo que está inspirado por el desarrollo humano, donde crecimiento económico, equidad, derechos humanos y democracia popular deben corresponderse mutuamente . “Un alto ritmo de crecimiento económico no se traduce necesariamente en un progreso significativo en términos de desarrollo humano. Pero, por otro lado, está claro que ningún país ha logrado avances importantes en materia de desarrollo humano sin haber sido relativamente exitoso en términos de desarrollo económico” .

Se debe reiterar por tanto la definición y aspiración de desarrollo social de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de las Naciones Unidas, donde se establece que “el desarrollo social es inseparable del entorno cultural, ecológico, económico, político y espiritual en que tiene lugar. No puede perseguirse como una iniciativa sectorial.(…). Para promover el desarrollo social es preciso orientar los valores, los objetivos y las prioridades hacia el bienestar de todas las personas y el fortalecimiento y promoción de las instituciones y las políticas que persiguen este objetivo. La dignidad humana, todos los derechos humanos y libertades fundamentales, la igualdad, la equidad y la justicia social son los valores fundamentales de todas las sociedades” .

La precariedad de la situación social exige la instauración de un régimen integral de protección y seguridad social como sistema de inclusión social, como verdadero propósito nacional en el marco de una agenda pública y privada en una perspectiva de mediano y largo plazo . Por lo tanto se requieren cambios importantes en los enfoques y combinaciones de políticas económicas, sociales y sectoriales dominantes, a fin de contribuir al efectivo cumplimento de las metas del milenio, en especial a la superación de la miseria, el hambre y la pobreza, a la vez que lograr la equidad de género.

La inclusión social requiere del cumplimiento de los derechos a la alimentación, a la educación, a la salud, y a la vivienda digna y a los servicios públicos domiciliarios como un verdadero sistema social caracterizado por condiciones de acceso, calidad y pertinencia en condiciones de equidad y bajo caros criterios de solidaridad y justicia distributiva. En Colombia resulta inevitable la erradicación de profundas raices de exclusión social que pernean y condicionan la concepción, la institucionalidad y la lógica política y económica de los modelos y políticas de prestación y protección sociales .

Por tanto, la democratización de la actividad económica, en especial del capital productivo con mejores oportunidades para la creación de empresas nuevas, tiene que convertirse en una política estatal activa. Esta política de Estado por la redistribución de la tierra y los activos productivos tiene que hacer parte de la política de paz y negociación con los atores armados, a fin de restituir a los campesinos y pequeños productores agropecuarios, las tierras que les pertenecen y que les fueron arrebatas por los actores en conflicto .

Esta nuevas políticas de desarrollo deben tener como horizonte una sociedad deseada sin pobreza y sin hambre, con distribución del ingreso y de la riqueza y tendrá que ser fruto de una amplia concertación entre todos los actores: el Estado, Gobiernos (nacional y territoriales), empresarios, gremios, Iglesias, academia, ONG’s, medios de comunicación, mujeres, etnias, afrocolombianos, campesinos, organizaciones de base y la cooperación internacional.

Para ello el desarrollo debe ser democrático, equitativo y sustentable en términos de mejores y mayores oportunidades para los seres humanos. A su vez, la política social debe ser una política de inclusión al desarrollo humano, en tanto política pública tutelada y gestionada por el Estado y los diversos actores de la sociedad.

Por lo tanto, se requiere un cambio en las políticas de desarrollo de crecimiento y en las políticas re-distributivas hacia un pacto nacional por el desarrollo humano sin pobreza que:
- Garanticen la redistribución del ingreso, los activos y la riqueza productiva
- Genere empleo de calidad e ingreso laboral digno
- Garanticen calida de vida digna a toda la población.
- Promueva la solución pacífica del conflicto interno
- Garanticen la eliminación de todas formas de discriminación
- Garanticen la transversalización de la perspectiva de género.

B. PROPUESTAS PARA UNA NUEVA AGENDA DE DESARROLLO

La Campaña Colombia Sin Pobreza, considera y propone:

Los cambios sustantivos en las políticas económicas y sociales actuales deben estar orientados a un verdadero desarrollo humano, a la redistribución del ingreso, los activos y de la riqueza y a garantizar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de todos y todas. Estas nuevas políticas deben tener especial atención a la ampliación del mercado interno, al aumento del consumo de los hogares y la generación de empleo de calidad y mejores ingresos de los trabajadores.

1) Eliminar la miseria y el hambre hacia 2015 – 2019 mediante la redistribución del ingreso

La meta más importante de los ODM debe ser la reducción, hacia la eliminación de la miseria y el hambre en Colombia. Para ello se requiere duplicar el ingreso real de los hogares que significa, en términos generales, duplicar el PIB per cápita y distribuirlo, lo que permitiría mejorar de manera apreciable las condiciones de vida de los colombianos y colombianas. Hacerlo en un lapso entre 10 y 15 años no es imposible; muchos países lo han logrado, incluso en menos tiempo. Para Colombia implica un gran esfuerzo, ya que su economía ha perdido la capacidad de crecer a un ritmo apreciable y sostenido durante lapsos largos. Así, para llegar a la conmemoración del bicentenario de la batalla de Boyacá con el PIB per cápita duplicado y mejoradas las condiciones de vida de los hogares, se debe alcanzar un crecimiento del PIB total del 6,26% anual durante el período 2005-2019, si el incremento demográfico promedio baja al 1,41% anual

Con cambios en las políticas y en la agenda de desarrollo pendiente es posible mejorar el ingreso real de los asalariados y de otras modalidades de remuneración al trabajo, sin que se afecte el ingreso de los empresarios y otros tipos de capitalistas, siempre y cuando que la economía crezca a la tasa prevista. Como se insistió al inicio de este documento, el crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente para lograr un mejor-estar. De acuerdo con los cálculos presentados por el Observatorio de Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Colombia, es posible que los impuestos netos, es decir, menos subvenciones, aumenten al 2,5% anual durante 2005-2019, o sea un incremento mayor al del gasto de la administración pública (1,5% anua), y que el «fondo de salarios» crezca a más del 7% anual, para un aumento real de la remuneración per cápita de la población con empleo formal de casi el 2,5% anual, para que ascienda de 7,6 millones de pesos en 2004 a 10,9 millones en 2019. No obstante estas mejorías, el ingreso mixto (otras formas de remuneración, distintas a la ganancia empresarial) podría aumentar a casi el 4,7% anual y el excedente bruto de explotación (la típica ganancia capitalista) a más del 7% anual. Como es natural, la composición de la distribución primaria del ingreso (PIB) cambiaría hacia el final del período a favor de la remuneración a los asalariados y del excedente bruto de explotación, con perjuicio de la proporción que corresponde a los ingresos mixtos y a los impuestos menos subvenciones, pero se supone que el empleo informal debe disminuir, así como la parte que de la renta nacional se apropia el Estado.

Se requiere una política redistributiva universalista que mejore las condiciones de vida de la población hacia la superación de la pobreza, del hambre y de la exclusión social. Para ello se puede promover la aplicación de una renta básica de ciudadanía que progresivamente se amplíe a grupos poblacionales. La renta básica o ingreso ciudadano, debe estar dirigida a grupos poblacionales como los niños/as y adultos mayores, que les permita a los primeros acceder y permanecer en el sistema escolar, y a los segundos en el sistema de salud y a disfrutar de los mínimos requerimientos alimentarios para su vida digna. La dignificación de la vida humana es una razón ética; superior que justifica otorgarles a los ciudadanos un ingreso básico por su condición de ser humanos, para garantizar su educación, evitar el hambre, la desatención en salud y otras penurias .

2) Fortalecer el mercado interno y el ingreso de los hogares

El consumo real en los hogares está estancado, en la práctica, desde finales de la década de los ochenta, pero es más grave el deterioro en los hogares pobres y de clase media, que en los hogares acomodados y ricos. Por eso es razonable que en las encuestas a empresarios, sean los problemas de demanda interna los que ocupan mayor espacio en las respuestas. En consecuencia, la solución para que la pérdida de dinamismo económico no se agudice hay que buscarla en la demanda, en los ingresos, en suma en el mercado interno. Pero hay que insistir en que el crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo humano, pues el desarrollo humano va más allá de lo económico; incluso más allá de la magnitud y la forma de distribuir el ingreso.

En el caso de Colombia, entre los factores que explican la dificultad para que el PIB crezca de manera apreciable y sostenida se destaca, sin negar la existencia de otros, la disminución relativa de la demanda efectiva de los hogares, debido a que se agravan la concentración del ingreso y el empobrecimiento; el consumo de los hogares, como proporción de la demanda interna, disminuyó del 72% en 1990 al 61% en 2004 y respecto al PIB del 68% al 63% en el mismo lapso. Durante estos catorce años el crecimiento promedio del consumo de los hogares, 2,38% anual, fue inferior al crecimiento del PIB, 2,93%; como resultado, el crecimiento neto fue poco significativo; el PIB per cápita creció a algo más del 1% anual y el consumo per cápita en los hogares a un poco más del medio por ciento anual, sólo 9% en todo el lapso.

Por lo anterior, la Campaña considera que resulta crucial para el cumplimiento de las metas del milenio en una perspectiva de desarrollo humano con equidad, que el gobierno nacional asuma un mayor compromiso por el fortalecimiento del mercado interno, sin mensoscabo de las políticas de promoción de las exportaciones. El compromiso político por un mercado interno ampliado e integrado regionalmente implica el fortalecimiento de las cadenas productivas que aporten a la generación de valor agregado y al crecimiento económico; así como adelantar proyectos de inversión pública de gran envergadura en potencien la demanda de productos y servicios en el sector productivo. Para lo anterior se propone un acuerdo nacional entre el gobierno nacional, los sectores empresariales e inversionistas y los gobiernos territoriales para definir una verdadera agenda interna a favor del desarrollo del mercado interno y el aprovechamiento de las oportunidades en el comercio con América Latina, en especial la Comunidad Andina.

3) Diversificación de la producción, reindustrialización y desarrollo empresarial

En el lapso 2005-2019 la producción material (agropecuaria, minera e industrial) debe diversificarse y tecnificarse al mismo tiempo, para elevar la productividad y tener una oferta exportable que satisfaga las necesidades del mercado mundial a precios y calidad competitivos. Mientras el PIB total debe crecer a no menos del 6,26% anual durante tres quinquenios, es decisiva una recomposición por sectores. En el momento actual el sector primario (producción agropecuaria, incluida la pesca, y minera) representa el 18%, el secundario (industria, construcción y electricidad, gas y agua) el 23% y las actividades terciarias el 59%; si se desea que al final del periodo la producción primaria represente el 15%, debe crecer a casi el 5%, cuando entre 1995 y 2004 lo hizo al 2,2%; si se quiere que la producción de transformación (sector secundario) represente el 35%, debe crecer a más del 9,4% anual, cuando en los últimos diez años lo hizo al 0,8%; y si se propone que el sector terciario baje al 50% del PIB, debe crecer a un poco más del 5%, cuando lo está haciendo al 2,6%. Pero como no sólo debe pensarse en las exportaciones, y hay que mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los hogares, sobre todo en cuanto a bienes básicos como alimentos, vivienda, servicios públicos domiciliarios, muebles y enseres y otros similares, la oferta para el mercado interno también debe diversificarse y tecnificarse, lo que debe analizarse y medirse.

Como parte integral del propósito nacional por un desarrollo humano sin pobreza, debe formularse una política estatal activa de reindustrialización y desarrollo empresarial, que redefina una vocación productiva nacional y regional, como parte de la serie de cambios que son indispensables para integrarnos con el menor traumatismo posible y con mayores oportunidades deseables a la economía mundial y al desarrollo humano. Entre estos cambios se debe lograr la transformación del sistema financiero para que pueda ser capaz de otorgar crédito de mediano y largo plazo para proyectos productivos, inclusive para la vivienda social, con tasas de interés asequibles; la modernización y ampliación de la infraestructura de transporte y comunicaciones, en especial carreteras y puertos, tanto fluviales como marítimos y aéreos; mayor apoyo para la creación y aplicación científica y técnica con el propósito de elevar la competitividad regional e insertarnos en mejores condiciones en las cadenas mundiales de valor agregado, y estímulo para que avance la responsabilidad social empresarial y las prácticas de buen gobierno corporativo, entre otros programas.

Hoy no es suficiente producir bienes y servicios de cualquier manera; hay que producir bienes y servicios que añadan mayor valor y en el marco de cadenas regionales y mundiales en proceso de reestructuración global. En este escenario, es posible elevar la productividad a una tasa cercana al 4% anual.

4) Fortalecimiento del Estado, la descentralización y la política social

Bajo la orientación del Estado, el país tiene que orientarse hacia una profunda reingeniería de su aparato productivo, buscando combinaciones de capital, trabajo y tecnología que permitan elevar la productividad y la competitividad para crear nuevos bienes y servicios y localizar nuevos mercados, tanto en el interior como en el exterior, en el marco de una institucionalidad garante de los derechos constitucionales y universales.

Este rol del Estado implica reconocer la función orientadora de la nación y de la economía con base en acuerdos nacionales para el desarrollo con equidad y democracia real en todos los ámbitos de la vida nacional y regional. De igual forma cumplir la tarea reguladora de los mercados en función de la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de los derechos de propiedad. El Estado sigue teniendo la gran responsabilidad de cumplir la función redistributiva de los ingresos y de la riqueza, que el mercado nunca ha logrado, a fin de garantizar la superación de la pobreza de manera estructural. Para ello debe hacer uso apropiado de dos instrumentos básicos: la política fiscal y tributaria y la política social de gasto público. La primera orientada a modificar la estructura tributaria para hacer más equitativa y progresiva, a favor de la gente, no sólo del capital y de las inversiones, evitando las exenciones injustas al gran capital y a las ganancias. La segunda orientada a una política social de gasto público re-distributiva a favor de los pobres; a la vez que más eficaz en el cumplimiento de objetivos de inclusión social, de la superación del hambre y la prestación y acceso real a los servicios sociales de la población, desde una perspectiva universalista. La institucionalidad y la legalidad debe restablece el marco de derechos consagrados constitucionalmente y en convenios internacionales, tales como los derechos laborales; razón por la cual urge revisar y adecuar la normativa laboral a favor del empleo de calidad, de ingresos dignos para l@s trabajador@s y una verdadera protección social.

Se requieren mayores recursos de inversión comprometidos en el Plan Nacional de Desarrollo, como en los Planes de Desarrollo de los municipios y departamentos orientados al cumplimiento de los Objetivos y metas de Desarrollo del Milenio, garantizando el crecimiento sostenido de las transferencias a los entes territoriales, según lo establece la Constitución, en el marco de una profundización de la descentralización gobernada con transparencia y rendición pública de cuentas.

5) Más y mejor educación para todos y todas. La provisión de educación no sólo debe aumentar, para elevar la cobertura y la escolaridad media, sino mejorar su calidad de manera apreciable y cuantificable; así como, erradicar todas las formas de discriminación. Hay que llevar la cobertura de la educación básica (nueve grados) al 100% de la población menor a 18 años, como lo señala la Constitución, garantizando la permanencia en el sistema educativo. De igual forma se debe lograr que la matrícula en la educación superior llegue al 50% de las personas entre 18 y 25 años. Debe prestarse atención especial a la educación tecnológica, para mejorar la capacidad laboral, sin descuidar la formación humanística. No sólo hay que formar profesionales competentes sino también seres humanos integrales y ciudadanos honestos. La investigación científica debe formar parte de la política estatal de productividad y competitividad, con apreciable apoyo pecuniario, y hacer un gran esfuerzo para que quienes ingresen en estos 15 años a la educación superior avanzada (maestrías y doctorados) lo hagan en los mejores centros universitarios, ya sea en el país o en el exterior, y se conviertan en la generación que permitirá el «salto» cualitativo en la capacidad científica del país.

6) Más y mejor salud para todos y todas. Se requiere un mayor compromiso del gobierno nacional para realizar el derecho a la salud integral a todas las personas, garantizando el acceso efectivo en todos los niveles de atención primaria a la familia; así como la formulación y puesta en marcha de una política de salud pública. Con urgencia se requiere la recuperación de la red de hospitales públicos garantizando su financiación pública, con criterios de calidad, solidaridad y concurrencia. Se requiere modificar el actual sistema de salud y reformas estructurales a la Ley 100/93 y demás normas modificatorias conducente a instituir un nuevo marco institucional y de garantías de los derechos a la salud, la pensión, los riesgos profesionales y servicios sociales complementarios. Una población más saludable y sana, así como más educada y calificada contribuye a mejorar la productividad de las empresas y la competitividad del país, así como el desarrollo humano de la nación.

6) Más y mejor cooperación para el desarrollo y la reducción de la pobreza. Los objetivos de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en especial los referidos a la lucha contra la pobreza y contra el hambre, deben tener consecuencias políticas en el orden nacional y regional, en aras de superar la retórica de la cooperación para el desarrollo de los países ricos basadas en la compasión y la conmiseración centrando la acción internacional a favor del desarrollo humano diverso basado en los derechos y libertades de las personas y en medidas compensatorias del norte hacia el sur que tanto se ha beneficiado, no siempre de manera legítima, de los recursos, de la riqueza y del trabajo del sur. La condonación de la deuda pública y el establecimiento de regulaciones equitativas para acceder a los recursos mundiales para la financiación del desarrollo local, regional y nacional es una demanda justa y legítima que los pueblos comunidades indígenas, organizaciones sociales, municipios y departamentos insisten ante los países del norte y los organismos financieros internacionales. La cooperación debe traducirse en más inversión productiva y transferencia de tecnología apropiadas.

7) Más comercio con justicia. Las negociaciones comerciales conducente a ampliar y mejorar el comercio entre Colombia y los países desarrollados deben garantizar el cumplimiento de la Constitución Política en cuanto a la protección de derechos fundamentales como la salud, la educación, el agua y las reservas en biodiversidad, así como lograr mejores condiciones de acceso de nuestros productos agrícolas y de valor agregado a los mercados del norte; así mismo, los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, adquiridos por el Estado colombiano deben prevalecer sobre los Tratados de Libre Comercio. La profundización de las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos, Europa y Japón se deben traducir efectivamente en mejores condiciones de empleo y de vida para l@s colombian@s. Se requieren reglas equitativas de comercio internacional que reconozcan y busquen superar la disparidad entre las economías y contemplen mejores condiciones de acceso a los mercados de los países desarrollados, así como acceso y transferencia de tecnologías apropiadas, mayor inversión directa hacia los procesos productivos en las regiones. Por su parte se hace necesario revisar el tema de la deuda pública con los organismos multilaterales y gobiernos ricos conducente a la reasignación de los recursos liberados al cumplimiento de los ODM, con énfasis en la superación de la pobreza y el hambre. El comercio internacional debe basarse en normas más equitativas para los países del sur, conducente hacia un comercio más justo.

8) Fortalecimiento de la sociedad civil y Participación. Para el logro de la superación de la pobreza y el hambre en la perspectiva de un desarrollo humano democrático, se requiere del concurso de la sociedad civil y de la población pobre para participe en la formulación de políticas públicas para tales fines. Por ello, la formulación participativa de políticas públicas de desarrollo social, la aplicación democrática de los presupuestos participativos y de los procesos de planeación local del desarrollo, teniendo en cuenta la diversidad y la pluralidad cultural, la inclusión y participación de todos los grupos poblacionales (mujeres, jóvenes, niños/as), entre otros asuntos, debe ser compromisos políticos del gobierno en el nivel nacional y local.

Demandamos por lo tanto, una mayor interlocución y diálogo social entre el Gobierno nacional y las organizaciones de la sociedad civil para conocer los avances en el cumplimiento de las metas y objetivos de desarrollo del milenio, así como para presentar recomendaciones y propuestas frente a las políticas públicas que se diseñan para dichos propósitos. La participación y visibilización de los pobres es fundamental para la superación de la pobreza y el hambre.

9) La crisis humanitaria producto del conflicto armado y del desplazamiento forzado que padecemos los colombianos, agrava la situación de pobreza de las mujeres, niños y ancianos, a la vez que limita las oportunidades de desarrollo de amplias regiones del país. A pesar de las acciones del gobierno, no se observan avances sustantivos en la atención y mitigación de la crisis humanitaria, como tampoco en materia de derechos humanos. Se requiere por lo tanto una política de acción humanitaria integral que contemple acuerdos humanitarios entre el gobierno y los actores armados, y la persistencia de una salida negociada al conflicto armado, preservando el Estado social y democrático de derecho. La comunidad internacional puede seguir auspiciando y prestando sus buenos oficios para que el Estado y el Gobierno colombiano avancen en la dirección de una paz con justicia, verdad y reparación.


De acuerdo con Mary Wollstonecraft, “es justicia y no caridad lo que necesita el mundo”, y parafraseando a Octavio Paz, “la historia es cambio y la sociedad es el sujeto y el objeto de los cambios”; hagámoslo entre todos y todas.